jueves, 2 de febrero de 2017

Un paso más en la privatización de las relaciones laborales

El Servicio de Relaciones Laborales (SERLA),  una Fundación Privada, aunque financiada con capital público (de la Junta de Castilla y León, esto es, de todos los castellanos y leoneses, inició el pasado 1 de enero en Valladolid la resolución de conflictos individuales que no se refieran a materia económica.
El Servicio de Relaciones Laborales (SERLA),  una Fundación Privada, aunque financiada con capital público (de la Junta de Castilla y León, esto es, de todos los castellanos y leoneses, inició el pasado 1 de enero en Valladolid la resolución de conflictos individuales que no se refieran a materia económica. Ha sido el primer paso del acuerdo que la Junta de Castilla y León y los llamados agentes del Diálogo Social (Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León y los sindicatos UGT y CCOO) firmaron y que fue publicado en el BOCYL el día 23 de noviembre de 2016.

El nuevo servicio se implantará en el resto de las capitales de provincia de la comunidad durante este año 2017.
En nuestra comunidad  los conflictos que no se refieren a materia económica rondan una media de 11.000 al año. Estos pasarán ahora a ser competencia del Serla. Desde septiembre de 2000 el Serla se encarga ya de la resolución de los expedientes relacionados con los conflictos laborales colectivos.

El coste de este nuevo servicio los asume la Junta, pero "lo que de verdad importa", en palabras de Juan Vicente Herrera, "es el ahorro que proporcionará a la sociedad".

Pues bien, por arte de birlibirloque, los antedichos deciden que todos los castellano-leoneses que tengan algún conflicto individual y como es obligatorio el intento de conciliación previa y saltándose la normativa a la torera, deben realizar esa conciliación no ante un funcionario público si no ante esa fundación privada. Motivo alegado: que así van a evitarse un mayor número de procedimientos judiciales ya que ese órgano va a conseguir un mayor número de acuerdos que el que se venía obteniendo en el actual SMAC (Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación).

Es una vuelta de tuerca más en el vaciado de las competencias que hasta ahora pertenecían al SMAC. Se perderán unos 50 puestos de trabajo. Este nueva mediación supone una privatización de lo ha sido un servicio público, con la anuencia de los firmantes del citado acuerdo. Además todo se pagará desde el erario público, alrededor de 3 millones de euros. La Consejería de Empleo financiará los costes de funcionamiento, el incremento de los medios humanos y materiales en el Serla y la compensación correspondiente a los nuevos mediadores-conciliadores (18 designados por Cecale, 9 por UGT y 9 por CCOO).

Está por ver que esta nueva asunción de competencias por el Serla suponga mayor celeridad en la resolución de los conflictos laborales. Quizás se trate de presionar a los trabajadores para que no acudan a los tribunales... 

Está por ver también que no se pierda objetividad, neutralidad e imparcialidad en la mediación y resolución de los conflictos. Los nuevos mediadores-conciliadores han sido designados por CECALE(18), UGT(9) y COOO(9), los firmantes del acuerdo, y ya no serán funcionarios.

Parece que esta privatización de una competencia pública va a contribuir a la financiación de los firmantes del citado acuerdo...

Poco ruido ha habido con este asunto, quizás por la buena relación entre partidos políticos, los empresarios y sindicatos... Nadie muerde la mano de quién le da de comer...

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